Reproducimos artículo
de opinión publicado por la revista Viento Sur de la UNLa en su edición número 6º de
Octubre de 2013
INFLACIÓN,
SOJADEPENDENCIA Y EXTRACTIVISMO
Santiago González
Arzac Fernando De Leone
El Grupo de Economia Crítica de la Universidad Nacional
de Lanús (GEC-UNLa) en conjunto con el Departamento de Desarrollo Productivo y
Tecnológico y la Dirección
de la Licenciatura
en Economía Empresarial organizaron la Charla: “INFLACIÓN,
SOJADEPENDENCIA Y EXTRACTIVISMO ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS GLOBAL?”, contando con la presencia de los economistas Ernesto
Mattos
y Martín Kalos.
Esta actividad tuvo como objetivo analizar las causas, efectos y perspectivas del problema de la inflación
argentina, discutir el modelo de acumulación actual, las políticas
macroeconómicas vigentes y debatir los límites del desarrollo económico
argentino ante la crisis global. A continuación exponemos nuestras conclusiones.
CAUSAS, EFECTOS Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACIÓN EN
ARGENTINA
La Ciencia Económica es una ciencia eminentemente social
y por ello las leyes científicas que en ella se formulan carecen de la
precisión de las leyes propias de las ciencias exactas. La prevalencia de la
teoría económica neoclásica a partir de la revolución marginalista y la
hegemonía de políticas económicas neoliberales se han edificado sobre la
negación del carácter social de la ciencia económica. Probablemente ello
contribuya a que no exista en la ciencia económica explicaciones totalmente
válidas para explicar las causas de la inflación en Argentina.
Al analizar ciertas aristas de la inflación, podemos ver su
carácter ambiguo, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de ellas y ver como pueden
aparecer simultáneamente como un problema (social-económico) y como una
solución ante ciertas tensiones sociales y políticas. La inflación es un
problema serio, afecta la pobreza, la indigencia y afecta al salario real. El
incremento sostenido de los precios es un fenómeno sumamente complejo y
determinado por múltiples variables económicas y sociales. Existe cierto
consenso teórico acerca de que la persistencia de altas tasas de inflación
configura un grave problema para la sociedad y que el Estado debe actuar para
atenuar los efectos nocivos que de ella surjan. Las recomendaciones ortodoxas
de política económica para atenuar los efectos de la inflación, asi como para
su entendimiento y descripción, no han considerado la complejidad que tras de
ella se esconde y suelen ser el sostén de las políticas neoliberales aplicadas
en el país a partir del golpe militar de 1976 y consisten entre otras en: la
reducción del Gasto Público, la flexibilidad del mercado de trabajo, el
inventivo a la inversión extranjera, la minimización de regulaciones estatales,
la liberalización y desregulación de los mercados financieros, entre otras.
ALGUNAS POSIBLES
CAUSAS
Un EXCESO DE DEMANDA ocurre
cuando la estructura productiva de un país no acompaña a incrementos en el
consumo y puede generar las condiciones sociales para que ciertos grupos empresarios
con poder de mercado puedan incrementar los precios. Se podría pensar que la
inflación aparece como el “costo social” del mejoramiento de la capacidad de
consumo de las familias, las empresas y el sector público en una economía cuya
capacidad productiva (por diversas razones: porque los empresarios no
invierten, porque dichas inversiones requieren “tiempo”, porque nos es posible
tecnológicamente aumentar el nivel de producción, etc.) no es capaz de
responder ante el incremento de la
Demanda y el Consumo.
La prevalencia de la
DISYUNTIVA ALTO
EMPLEO – BAJA INFLACION puede presionar a alzas en el nivel de precios. En
algunas circunstancias (elevados niveles de utilización de capacidad productiva
instalada y bajo nivel de desempleo) puede ocurrir que no sea posible lograr de
forma simultanea dos objetivos de política económica: mantener a la vez un
nivel bajo de desempleo y un nivel bajo de inflación. Es la denominada “puja
distributiva” la que acciona la inercia inflacionaria. Un bajo nivel de desempleo
incrementa el poder de negociación de los trabajadores (sobre todo de los
trabajadores calificados) y les permite negociar mejoras en sus condiciones de
trabajo, ello se traduce en mayores costos empresarios que suelen ser automáticamente
trasladados a precios. El problema
aparece cuando el incremento de los precios es mayor que el incremento de los
costos salariales, cuando el traslado al sistema de precios es previo a la
efectiva mejora de los salarios, cuando existen mercados de trabajo segmentados
en donde existen según el sector económico distintos poderes de negociación.
El CONTROL DE PRECIOS
que puede aparecer como una solución en el corto plazo puede convertirse en un
problema ya que puede incrementar el grado de concentración económica. Un claro
ejemplo es el caso del sector lácteo en Argentina. A partir del año 2004 se han
celebrado múltiples acuerdos de precio para contener el costo de vida luego de
la devaluación post convertibilidad.
Ello ha permitido mantener precios en el corto plazo a costa de
concentración del mercado y consecuentes mayores precios en el largo plazo.
Desde el año 1983 al 2010 disminuyó un 70% la cantidad de establecimientos
pasando de 40.000 a
12.000. Asimismo, el precio de la
Leche entera (por litro en Sachet) pasó de $ 1,18 a $ 5,90 desde el 2003
al 2012 exhibiendo un incremento promedio anual del 45%.
Un punto interesante a analizar es la recomendación
monetarista clásica, la cual asume que la emisión
monetaria genera inflación. La historia aquí parece ser contundente: el
fracaso de las políticas de estabilización en la década del 80 en América
Latina, la inmensa emisión monetaria realizada en EEUU para “salvar” al sistema
financiero, los recientes multimillonarios salvatajes a la banca griega,
española y portuguesa no han producido los resultados esperables según esta
teoría. Es por ello que el enfoque monetarista de la inflación se encuentra en
una profunda crisis teórica. El monetarismo asume que la inflación puede
explicarse (si se mantiene constante la velocidad de circulación del dinero y
el nivel de actividad) por el aumento de la cantidad de dinero en la Economía. Esta visión ignora la
complejidad del sistema financiero internacional, los nuevos instrumentos
financieros (tales como los Fideicomisos, derivados, swapps) que muchos de
ellos escapan al control regulatorio del Banco Central.
Resulta interesente el
enfoque estructuralista latinoamericano de la inflación ya que asume la
existencia de rigideces en la economía y la
influencia de la estructura económica de un país en el nivel de precios. La
inflación aparece vinculada con el modo de producción y la organización de la
economía y son las imperfecciones en la organización económica las que generan la Inflación. Así,
por ejemplo la estructura económica de un país define los términos de
intercambio (en base a su especialización productiva) y en base a ello se
determinan los precios relativos. Ahora bien, supongamos un aumento de la Demanda de bienes
agrícolas y una Baja de la Demanda
de Bienes industriales. Si no existieran rigideces deberían incrementarse los
precios de los bienes agrícolas y disminuir los precios de los bienes industriales.
Pero ante la existencia de precios nominales fijos (o de ajuste lento) ello no
ocurre ya que existen rigideces tales como: contratos con Proveedores, Acuerdos
de Paritarias, diferente Poder de Negociación de trabajadores de cada sector,
diferentes convenios colectivos de trabajo, etc. y no descienden
automáticamente los precios de los bienes industriales pero sí suben los precios
de los bienes agrícolas provocándose inflación. Para combatir la inflación
estructural, suele recomendarse no utilizar instrumentos monetarios ya que los
efectos pueden ser generar mayor inflación.
En un escenario de recomposición de la Demanda Agregada, incremento
del empleo, tipo de cambio competitivo, ventajas comparativas “naturales” y
restricción de importaciones genera un escenario propicio para que en los
sectores con mayor concentración
económica las firmas estén en condiciones de apropiarse del excedente del
consumidor motorizando la inflación. Por otro lado los controles de precios y
ciertas políticas de promoción industrial local pueden reforzar el poder de
mercado de grandes grupos económicos. Así por ejemplo se detallan los
siguientes sectores en donde existe un alto grado de concentración:
SECTOR
|
Principales empresas
|
Concentración
|
CEMENTO
|
LOMA NEGRA 48,55% MINETTI 32,48% AVELLANEDA 15,53%
|
3 empresas controlan el 96%
|
AGROQUIMICOS
|
BAYER 52% AVENTIS 36%
|
2 empresas controlan el 88%
|
HERBICIDAS
|
BAYER 22% AVENTIS 15% DOW 40%
|
3 empresas controlan el 77%
|
TV por Cable
|
CABLEVISION 29,8% MULTICANAL 30,7%
SUPERCANAL 9%
|
3 empresas controlan el 70%
|
LECHE
|
SANCOR 19% DANONE 47%
|
2 empresas controlan el 66%
|
CERVEZA
|
QUILMES-BRAHMA 82%
|
1 empresa controla el 82% del
mercado
|
GASEOSAS
|
COCA COLA 60% PEPSI 24 %
|
2 empresas controlan el 84% del
mercado
|
¿Ganadores y
Perdedores?
La inflación sin dudas afecta en mayor medida a las clases
sociales más bajas. Son ellas las que poseen mayor dificultad para cubrirse financieramente
de la inflación y destinan una proporción mayor de su ingreso al consumo de
alimentos. Además no suelen tener deudas que crezcan a un valor nominal menor
que la inflación y suelen tener dificultad para acceder al crédito (tarjetas de
crédito, créditos hipotecarios, etc.) de modo de lograr una posición ventajosa
en un proceso inflacionario.
Asimismo, afecta en mayor medida al mercado de trabajo
informal (actualmente el nivel de la informalidad es muy alto: 34% de los
asalariados no se encuentran formalmente inscriptos y alcanza a casi 4 millones
de personas). Los trabajadores no registrados no se encuentran alcanzados
directamente por los efectos de las paritarias y otros beneficios sociales. Los
asalariados también se ven afectados por la inflación ya que genera una disminución
del salario real, es decir el deterioro de la capacidad de compra de la
cantidad de dinero por el aumento de los precios.
El sector público también pierde con la inflación ya que deteriora
los ingresos tributarios al existir un lapso (y un consecuente deterioro en el poder
de compra) entre el momento en el que se determinan los impuestos y el momento
en que el Estado los cobra.
Las visiones de la inflación presentadas demuestran la
importancia de considerar la puja distributiva, la inflexibilidad de los
precios, el nivel de empleo, el poder de negociación de los trabajadores, la
concentración económica y la respuesta de la capacidad productiva ante aumentos
de la Demanda. La
inflación implica la existencia de un desequilibrio social en la distribución
del ingreso y puede ser el reflejo de problemas económicos estructurales no
resueltos. Resulta necesario revisar críticamente las políticas contractivas
que sectores dominantes recomiendan para apaliar la inflación en Argentina.
EL DEBATE ACERCA DE LA SOJIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Suele denominarse extractivismo
al conjunto de actividades económico-productivas que comparten un patrón común
de explotación de los recursos naturales. A partir de la década de los noventa se
han desarrollado ininterrumpidamente condiciones de producción óptima para el
avance y desarrollo de actividades extractivas, en especial hidrocarburos,
mineral y soja.
A menudo podemos escuchar a los
economistas hablar de la sojización de la economía. El de la soja es un debate
que ha cobrado fuerza en los últimos años al calor de la reyerta del año 2008
ente el gobierno y el campo por las retenciones a las exportaciones sojeras y
de otros cereales. Analicemos los antecedentes que han llevado a nuestro país
al tercer lugar en la producción mundial de soja en bruto (porotos, semillas) y
al primer puesto en la producción mundial de aceites de soja.
En la década de los noventa se producen dos hechos
relevantes que favorecen el crecimiento de la producción sojera: la maduración de técnicas de siembra directa, que permiten hacer un uso
más eficiente del agua y lograr altos y sostenidos niveles productivos; y el
inicio de la comercialización y utilización de la soja transgénica
RR (Round Up Ready), aprobada por
el Estado argentino en el año 1996, resistente al glifosato, un herbicida de
amplio espectro.
A estas circunstancias se suma la
importante rentabilidad del sector, por la tendencia ascendente de los precios
a nivel internacional que han llevado a la soja de 230 dólares/tonelada en el
año 2003 a
cerca de 600 dólares/tonelada en el año 2012. Dichas condiciones, entre otras,
han llevado a que la superficie sembrada nacional esté cubierta por soja en
casi un 60%, mientras que un porcentaje similar representa la soja sobre el
total de los granos producidos por la Argentina. A su vez, es tan insignificante el
cultivo de soja orgánica de nuestro país que podemos decir que la totalidad de
la soja cultivada es transgénica, o modificada genéticamente, o simplemente RR,
según su nombre comercial. La
Argentina es uno de los pocos países cuya legislación ha
permitido un avance tan significativo de las variedades transgénicas respecto
del total de su producción agropecuaria.
Otro
aspecto a considerar es la influencia de la situación externa. Frente a la
crisis financiera e inmobiliaria que estalló en los Estados Unidos en 2007, los
grandes fondos de inversión especulativos trasladaron millonarias sumas de
dinero a la plaza internacional de commodities, transformándolos
en un objeto más del
juego financiero, cuyos precios suben y bajan por movimientos especulativos y
no en función de las demandas locales o las necesidades de la población. Entonces,
un cultivo que permite obtener rindes superlativos, que se adapta a distintas
condiciones de clima y suelo, y que resiste otras amenazas por efecto del
herbicida glifosato (mata todo menos la soja), termina por convertirse en una
actividad altamente rentable y en el principal producto exportable de nuestro
país.
Pero el de la soja es un negocio
concentrado. La composición del negocio de la soja en nuestro país ha quedado
concentrada en cuatro grandes actores: a) Los pool de siembra que se nutren de
fondos de inversión y operan a gran escala sobre las tierras arrendadas. b) Los
proveedores de agroquímicos y semillas (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer,
Syngenta y BASF), que controlan el total de las semillas transgénicas del
mundo, acaparando lucros mediante la fuerte dependencia que tiene la producción
de soja de las nuevas semillas y fertilizantes. c) Las cinco grandes compañías
exportadoras, que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus,
Nidera y Aceitera General Deheza. d) Los dueños de la tierra o rentistas que en
gran número arriendan sus campos, sobre todo si sus campos tienen menos de 300 hectáreas,
superficie mínima rentable para la producción de soja.
En
términos estratégicos vemos que donde antes se criaban vacas y se cultivaban
alimentos para los argentinos ahora se cultiva forraje para alimentar al ganado
de otros países, para que ellos produzcan alimentos y agro combustibles. En ese
sentido hemos resignado soberanía alimentaria y hemos puesto las mejores y más
fértiles tierras del mundo al servicio de dicha lógica. De
hecho, la Argentina
exporta 3.500.000 toneladas anuales de nutrientes de nuestro suelo (nitrógeno,
potasio y fósforo) que no se recuperan de manera sustentable.
Sin lugar a dudas, de los efectos
negativos del auge de la soja transgénica, el más grave es el efecto sobre la
salud de la población cercana a los campos sojeros. Se ha incrementado el
número de habitantes rurales que sufren afecciones respiratorias,
dermatológicas, neurológicas, distintas formas de cáncer y muerte, en
asociación directa con el uso de agro tóxicos.
En la provincia de Santa Fe, en
marzo de 2010, un fallo judicial prohibió el uso de glifosato en cercanías de
la ciudad de San Jorge. En esa oportunidad quedó demostrado el poder del
capitalismo sojero. Por primera vez en la Argentina, se invirtió la carga de la prueba. Era
regla que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar las
afecciones en su salud y la relación con los agro tóxicos, en lugar de ser los
impulsores de los agro negocios (tanto los empresarios del sector como el
gobierno de Santa Fe) quienes debían demostrar la inocuidad de los químicos.
Otro antecedente es el juicio que se
está desarrollando en Córdoba por contaminación y daños a la salud por agro
tóxicos contra dos productores sojeros y el piloto de una avioneta fumigadora,
en una causa iniciada por vecinos del Barrio Ituzaingó de dicha provincia.
Otros efectos adversos tienen que
ver con la destrucción de cultivos regionales, como las hortalizas y los
frutales (no resistentes al glifosato), el cierre de tambos, el desplazamiento
de campesinos y pequeños productores y la fuerte concentración en la tenencia
de la tierra. También es afectada la ganadería que mantiene un plantel similar
al de hace 50 años, al tiempo que va quedando cada vez más desplazada de la
pampa húmeda hacia regiones más alejadas, como el Chaco y Formosa por mencionar
algunas.
Asimismo se produce una altísima
concentración de otros medios de producción como semillas, fertilizantes,
maquinarias, herbicidas y plaguicidas. En pocos años se consolidó una fuerte
dependencia de los agricultores con respecto a las grandes empresas proveedoras
de semillas e insumos. Así, Monsanto, por ejemplo, a través de su “paquete
tecnológico” (patentes y derechos) convierte al conjunto de los productores en
un mercado cautivo.
Sería de esperar que este pujante
sector de la economía argentina fuera demandante de una enorme cantidad de mano
de obra. Sin embargo, se calcula que emplea un trabajador cada 500 hectáreas
sembradas. Entonces cabe preguntarse ¿Cuánta gente se beneficia realmente del
predominio de la soja? Los recursos que van al Estado por las retenciones a las
exportaciones, fuertemente resistidas por los productores, ¿constituyen un
beneficio suficiente para la población en general?, ¿justifican el daño a la
salud y al ecosistema?
Bajo esta perspectiva es evidente
que el peso de esta actividad en nuestra economía, junto a las políticas
públicas relacionadas con este sector, merecen un amplio debate, tomando
conciencia de los efectos nefastos sobre la población y la naturaleza, y
atendiendo al grado de dependencia externa que trae aparejado comprometer
nuestros recursos naturales a los vaivenes de los precios internacionales.
EL EXTRACTIVISMO MINERO
El crecimiento del extractivismo
minero tiene su origen en dos hechos trascendentes ocurridos a mediados de la
década del 90:a) El avance tecnológico y descubrimientos de nuevas técnicas de
extracción de minerales y b) El desarrollo de incentivos monetarios locales
para la “atracción” de inversiones en el sector. En el año 1993 se promulga la Ley 24.196 que inhibe a los
Estados (nacionales y provinciales) la explotación de recursos mineros y
paralelamente se estableció el “Acuerdo fiscal minero” que aseguraba a las
inversiones en el sector estabilidad fiscal y legal por 30 años, exenciones
impositivas y regalías para los estados provinciales del 3% sobre el valor neto
del producto final. En definitiva se ha consolidado un trato preferencial a las
inversiones del sector que puede resumirse de la siguiente manera:
- Estabilidad
fiscal por 30 años.
- Deducción
del impuesto a las Ganancias hasta el 100% de sus inversiones.
- Exención
de tasas impositivas provinciales/ sellos/ tramites/ IVA / Impuesto al
cheque
- Importación
de Bienes de capital e insumos productivos exentos de aranceles.
- Sus
exportaciones no poseen retención alguna.
- Posibilidad
de remitir al exterior capital y ganancias en cualquier momento.
- Compra
de divisas extranjeras exceptuadas de controles del mercado de cambios del
Banco Central.
Este escenario propició la irrupción
de centenares de proyectos e inversiones de emprendimientos mineros, tal como
se evidencia en el siguiente cuadro:
|
Inversiones
|
Producción
|
Proyectos
|
Año 2003
|
660 millones
|
4.080 millones
|
40
|
Año 2008
|
7.350 millones
|
16.500 millones
|
403
|
% incremento
|
+ 1014%
|
+ 300%
|
+ 900%
|
Esta promoción de inversiones en el
sector conduce inevitablemente a un grave problema de externalidades de difícil
resolución por la política pública. Los gobiernos locales argumentan
que la minería traerá “desarrollo y trabajo” cuando los hechos demuestran que
ello viene aparejado a la contaminación, encarecimiento de la tierra, generación
de enfermedades, apropiación de recursos naturales, fuga de divisas y casi nula
industrialización local. El
problema se agrava al observar que en la mayoría de los países mineros de la
región la tasa de regalía oscila entre el 14 y el 40% calculado sobre el valor
bruto del mineral sin descuentos.
La discusión por la
Ley de Glaciares fue un tema central de la agenda ambiental
del país. A mediados del 2009 se dio una discusión en el Congreso acerca de la
necesidad de regular minería a cielo abierto, se realizaron una importante
serie de debates, informes, dictamines lográndose un consenso político y social
al respecto y normando un control estatal de la actividad (por medio de la Ley 26.418) el cual en una
primera instancia encomendaba a las provincias a realizar un relevamiento de
los reservorios de agua dulce de modo de lograr su protección pero
lamentablemente dicho control no se ha aplicado ya que el Poder Ejecutivo ha
vetado a la ley.
¿CUÁL ES EL LÍMITE DEL MODELO?
A modo de cierre resulta relevante al analizar el modelo económico
vigente en la Argentina
discutir la idea de que existen sólo dos opciones: el neoliberalismo de los
noventa o el modelo neodesarrollista actual y ello nos conduce a preguntarnos en
qué medida el modelo actual aborda los problemas de la estructura económica
argentina aún pendientes de resolución. En particular se debería avanzar en los
siguientes tópicos:
·
Reforma
tributaria para apaliar las desigualdades sociales pendientes. (Disminución IVA a clases sociales bajas – Gravar
la renta financiera).
·
Reducir
dependencia de exportación de bienes primarios con escaso valor agregado y alta
volatilidad de precios.
·
Propiciar
políticas de defensa de los bienes comunes.
·
Políticas
para apaliar el déficit habitacional. Medidas como el plan PROCREAR resultan
necesarias su profundización.
·
Políticas
para mejorar el transporte público.
La charla realizada ha sido muy importante, la presencia de
economistas con visiones distintas y complementarias ha enriquecido el debate.
Habiendo sido estudiantes de economía durante la década del 90 vemos hoy a la
economia como si hoy fuera otra ciencia, vemos más discusiones en las
universidades, en los medios, en la sociedad. Ello es sumamente alentador. A la
vez, existe el riesgo de que ello conduzca sólo a encuentros plagados de
abstracciones teóricas y asimilarlos a meras celebraciones o rituales. Sabemos
que no es fácil pero es posible pensar, discutir y diseñar elementos que
debería tener un modelo económico con mayor inclusión e igualdad social. Las
Universidades deberían tener mucho que decir/hacer al respecto. No deben darle
la espalda a los problemas de la sociedad. Esta Universidad en sus propósitos
lo propone. Eso es un gran paso y a la vez una inmensa responsabilidad. Los
conflictos (inflación, concentración económica, extractivismo minero) que se
están viviendo en el país demuestran que los problemas son serios y complejos y
son el resultado de enfrentamientos de fuerzas sumamente poderosas. Sólo con
palabras no vamos a superarlos.
